Aseguran que les han bajado las ventas en un 60%, que están en banca rota y que no tienen diversidad de productos para ofrecer a los escolares pues las empresas que los abastecen no han ido a la par con los cambios generados por la Ley 20.606 sobre composición nutricional y publicidad, más conocida como la ley “Súper 8”.

La Asociación de Quiosqueros de Tarapacá liderada por Wilfredo Vargas, está en pie de guerra y buscando hacer conciencia en las autoridades de la problemática que enfrentan. En ese sentido, se reunieron con el alcalde de Alto Hospicio, Ramón Galleguillos, para plantearle los agudos conflictos que enfrentan a raíz de la presencia de comerciantes ambulantes en las afueras de los establecimientos educacionales de la comuna y donde mantienen locales concesionados, con el fin de solicitarle una fiscalización. “A nosotros nos han limitado y prohibido vender comida chatarra, sin embargo, tenemos a los ambulantes ubicados en las afueras de los colegios, los cuales sí expenden todos esos productos, entonces, los escolares antes de entrar a clases les compran golosinas, empanadas, galletas, queques y otros, lo que se ha transformado en una competencia desleal”, aseguró.

El dirigente de la entidad criticó la normativa aduciendo que cuando se generó jamás consideraron la opinión de quienes trabajan en el rubro. “Entendemos que la autoridad de salud esté preocupada de la obesidad en los escolares, pero el problema de fondo no se resolverá pues tiene que ver con los hábitos y las costumbres que te inculcan en el hogar. Además, la aplicación de la ley debió haber sido paulatina, para que las empresas que elaboran estos productos tuviesen la opción de ofrecernos otras alternativas para el consumo de los niños pues ha implicado una abrupta baja en las ventas y todos tenemos que responder con los valores mensuales que implican las concesiones, las cuales bordean en algunos casos los 200 mil pesos, dependiendo del establecimiento educacional”, adujo.

Tras escuchar los argumentos, el alcalde Galleguillos se comprometió a coordinar con la autoridad sanitaria y Carabineros una fiscalización en las inmediaciones de los establecimientos educacionales. “Es entendible la postura de los miembros de la agrupación, pues mientras se genera una ley que los regula, parece un contrasentido, que los escolares puedan acceder a productos que tienen nutrientes en niveles superiores a los permitidos. Haremos las coordinaciones con la autoridad de salud, pues ella deberá establecer si cuentan con permisos para la elaboración de alimentos y nosotros controlaremos lo que nos corresponde como municipio”, subrayó.