La querella está dirigida en contra de Moisés Cossio Cossio y Teresa Bolados Espinoza, quienes mantienen un campamento temporal denominado “Progreso” y, el tercer querellado, es Cristopher Altamirano Hernández, quien tenía un grupo de pobladores en la zona céntrica de la ciudad bajo el nombre de “Esperanza”. Los delitos imputados en los casos se relacionan con apropiación indebida de especies y defraudación, en grado de consumados.

La Municipalidad de Alto Hospicio presentó tres querellas por los delitos de apropiación indebida de especies y defraudación en contra de los integrantes de dos campamentos de emergencia por la venta de mercaderías y productos obtenidos a través de ayudas sociales entregadas por la casa consistorial tras la emergencia suscitada por los terremotos que afectaron a la zona el 1 y 2 de abril pasado.

La acción judicial fue interpuesta en el Tribunal de Garantía de Iquique por el abogado Luis Ríos, de la Dirección Jurídica del municipio, quien actúo en representación del mismo. La querella está dirigida en contra de Moisés Cossio Cossio y Teresa Bolados Espinoza, quienes mantienen un campamento temporal denominado “Progreso” y, el tercer querellado, es Cristopher Altamirano Hernández, quien tenía un grupo de pobladores en la zona céntrica de la ciudad bajo el nombre de “Esperanza”. Los delitos imputados en los casos se relacionan con apropiación indebida de especies y defraudación, en grado de consumados.

En el caso de Cossio y Bolados, fueron denunciados por tres afectados que fueron acogidos en el campamento que ellos mantienen, siendo contactados en medio de una manifestación pública. De acuerdo a los pobladores, gran parte de los alimentos, productos de higiene y otros bienes que han sido distribuidos a través de ayudas sociales por la Municipalidad y el Gobierno para los albergados, serían comercializados en una feria donde tendría un puesto la progenitora de Bolados y para obtener un mayor número de insumos, se habrían confeccionado listas ficticias de afectados con nombres y números de cédulas que se recogían en movilizaciones. Los artículos eran sacados del albergue en un coche o en un automóvil. A esto se sumarían cobros ilegales por consumo de luz y agua en el recinto, los cuales oscilarían entre los $2.000 y $3.000.

En cuanto a Cristopher Altamirano, quien tomó el liderazgo del campamento “Esperanza”, que se ubicaba a un costado del estadio Julio Martínez, también fue denunciado por diversos pobladores que pasaron por ese campamento al personal municipal, debido a que habría destinado diversos víveres, productos de higiene y otro tipo de ayudas, para fines propios o personales, sin derivarlos a los albergados o damnificados.

En la querellas se solicita que se concreten diversas diligencias y que se sancione a los involucrados por los delitos de apropiación indebida de especies y defraudación en grado de consumados, invocando la agravante establecida en el artículo 12, número 10 del Código Penal que se relaciona con “cometer delitos con ocasión de una calamidad o desgracia”.

Sobre el tema, el alcalde de Alto Hospicio, Ramón Galleguillos, dijo que es responsabilidad del municipio actuar como garante de los bienes recopilados para las familias que fueron afectadas por el terremoto. “No vamos a permitir que personas lucren a su beneficio con los productos que han sido distribuidos por el municipio o por el gobierno, pues hay gente que ha dejado de percibir beneficios, mientras existen algunas que lucran con ellos. Esperamos que la fiscalía investigue el caso y aclare la totalidad de los hechos denunciados. Esta situación es una vergüenza para los damnificados y una afrenta para el trabajo desplegado por distintas instituciones en pos de la ciudadanía”, sentenció.